DERECHO A VOTO DE CHILENOS EN EL EXTERIOR ¿un problema político o jurídico?

Nuestra constitución en su art. 13 señala que “son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva”, esto indica que es ser ciudadano a modo de definición. Pero la condición de ciudadano involucra otros alcances, tales como los derechos que esta calidad nos da.

Es así, como el inciso segundo de dicho artículo preceptúa “la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la constitución y la ley confieran”, esto corresponde a la esencia de todos los chilenos mayores de dieciocho años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, implica también el derecho y obligación de sufragio, independientemente del lugar en que se viva; sea en el territorio nacional o en el extranjero, ya que la norma constitucional no distingue ni diferencia respecto de la residencia. Pero entonces, ¿por qué se produce el debate?

Del punto de vista jurídico, el problema se produce a raíz de lo expuesto en el art. 18 de la constitución, que señala “habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta constitución…”.

Paralelamente, las leyes nº 18.556 orgánica constitucional sobre “sistema de inscripciones electorales y servicio electoral” y la ley nº 18.700 sobre “votaciones populares y escrutinios”, en abierta contravención a lo dispuesto en el art. 18 de nuestra carta fundamental, establecen normas restrictivas de carácter administrativo, que permiten ejercer el derecho (y una vez inscrito en los registros) la obligación de sufragio sólo a los ciudadanos que viven en Chile, afectando en su esencia el derecho de sufragio que la constitución establece para todos los ciudadanos.

En base a esta interpretación de la constitución, las normas que restringen el derecho de los chilenos para ejercer su derecho a voto en el extranjero son simplemente inconstitucionales, ya que esta no señala ningún otro requisito que los anteriormente enunciados, excediéndose el legislador del mandato que efectúa el constituyente en nuestra carta fundamental, al señalarle expresamente que debía regular “en todo lo no previsto por esta constitución”. Lo anterior en especial correlación con lo dispuesto en el artículo 1º de la constitución que dispone “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Ahora bien, desde un punto de vista político, si tomamos en cuenta que la moción del proyecto de ley pasó las comisiones de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía, de hacienda, y de constitución, podremos concluir que en definitiva el proyecto se perdió por el rechazo que los representantes de la alianza por Chile (UDI- RN) hicieron en la cámara de diputados de la iniciativa que concedía el derecho a voto a los chilenos en el extranjero, provocando la falta de quórum necesario para su aprobación. Rechazo cuyo fundamento se centró, básicamente, en cálculos electorales y no en fundamentos de carácter técnico o jurídico; basta con ver la discusión en sala del proyecto en que los fundamentos se centraron en que los chilenos en el exterior carecían de actividades contributivas en el país y por ende no podrían decidir sobre el devenir político de este. Elemento bastante intrascendente a la hora de generar un debate tan importante sobre un derecho constitucional que no es menor.

En definitiva, es necesario reconocer el derecho de sufragio a quienes residen en el extranjero, fundado en que son chilenos. Esa condición, de ser chilenos, conlleva también la de ser ciudadanos de la nación; lo que trae consigo el derecho a voto como un derecho constitucional que solo viene a perfeccionar el ejercicio de la soberanía de cualquier chileno. Lo expuesto constituye el fundamento principal de cualquier democracia representativa de nuestros tiempos; por ello – en la legislación comparada – tenemos ejemplos muy cercanos como el de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Diego Jaramillo Yánez